El futuro avanza.
Costa Rica debe
decidir hoy.

Costa Rica necesita un Acuerdo Nacional sobre Inteligencia Artificial

Costa Rica está frente a una transformación tecnológica cuyo ritmo de avance se acelera. Las capacidades de la inteligencia artificial se expanden en ciclos cada vez más cortos y sus efectos ya alcanzan la economía, la educación, el mercado laboral, las instituciones y la capacidad del país para competir. La inteligencia artificial plantea simultáneamente decisiones sobre productividad, empleo, formación, infraestructura, energía, datos, regulación, investigación y ciberseguridad. Por su magnitud, es una agenda de desarrollo nacional que excede la política sectorial de tecnología.

Costa Rica cuenta con una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2024-2027 y con un Plan de Acción que han permitido ordenar distintas líneas de trabajo. A esto se suman iniciativas, proyectos y capacidades que distintas instituciones públicas, universidades, empresas y organizaciones han venido desarrollando. Frente a la escala y velocidad que ha alcanzado esta transformación, consideramos que ese marco resulta insuficiente como respuesta nacional integral.

El siguiente paso es convertir las estrategias en decisiones concretas de política de Estado, con alcance nacional, y ampliar la respuesta hacia ámbitos que requieren acción coordinada del Estado y otros sectores. Este es un esfuerzo que trasciende a cualquier ministerio, empresa o actor social de forma aislada; exige un trabajo concertado y específico en áreas clave como el empleo, la educación, la productividad, la infraestructura, la energía, los datos, la regulación y la capacidad estatal. Para que esas decisiones sean ejecutables y verificables, cada acción debe contar con responsables, recursos, plazos e indicadores claros.

Las capacidades de inteligencia artificial están evolucionando más rápido que los ciclos habituales de análisis, decisión e implementación de política pública. Las decisiones sobre cómo se organizará la economía durante los próximos años ya están siendo tomadas por empresas, trabajadores y mercados. La política pública costarricense necesita avanzar a una velocidad compatible con esa transformación.

Por ello, solicitamos al Poder Ejecutivo convocar, dentro de un plazo de 30 días, una Comisión Nacional sobre Inteligencia Artificial que conduzca un proceso multisectorial orientado a alcanzar un Acuerdo Nacional sobre Inteligencia Artificial para Costa Rica. Este acuerdo debe expresar la posición del país sobre las decisiones que requieren coordinación entre instituciones y sectores y establecer el mecanismo para convertirlas en acción.

La Comisión tendrá carácter temporal y estará orientada a resultados. Su función será articular y acelerar acuerdos y decisiones entre las instituciones y sectores competentes, sin sustituir las potestades legales ni las responsabilidades de ejecución de cada institución.

La Comisión deberá establecer en su primera sesión una agenda limitada de prioridades, utilizando como punto de partida la evidencia, estrategias y estudios ya disponibles en Costa Rica y a nivel internacional. Esto no debe abrir una nueva fase general de diagnóstico previa a la toma de decisiones. Cuando existan vacíos específicos e indispensables, podrán desarrollarse análisis acotados, con preguntas concretas y plazos previamente definidos.

Para fortalecer la calidad e independencia técnica del proceso, la Comisión podrá apoyarse en personas expertas seleccionadas mediante criterios públicos y transparentes, procurando diversidad disciplinaria y un equilibrio entre trayectoria académica, conocimiento técnico y experiencia práctica. La selección deberá asegurar que una parte sustantiva de las personas expertas cuente con experiencia reciente y verificable en las capacidades contemporáneas y emergentes de la inteligencia artificial, incluyendo IA generativa, sistemas multimodales, agentes y automatización avanzada, de manera que el criterio técnico refleje el estado actual de la tecnología y no quede concentrado únicamente en enfoques tradicionales o altamente especializados. Su función será aportar evidencia y criterio independiente, sin sustituir la responsabilidad de las autoridades de tomar decisiones ni la de las instituciones competentes de ejecutarlas.

Como primera fase, proponemos concentrar el trabajo en cinco ámbitos, bajo principios transversales de derechos humanos, inclusión, seguridad, sostenibilidad, rendición de cuentas y un criterio estricto de viabilidad efectiva de las propuestas.

1. Competitividad, productividad y transformación productiva. Identificar cómo la inteligencia artificial transforma las actividades productivas del país, cuáles enfrentan riesgos de pérdida de competitividad y dónde existen oportunidades para generar mayor valor. Desarrollar instrumentos concretos de adopción para empresas, especialmente pymes, incluyendo asistencia técnica, financiamiento y acceso a capacidades tecnológicas. Orientar la modernización del Estado hacia mejores servicios y menores cargas administrativas, y promover emprendimientos, encadenamientos e inversión que fortalezcan las capacidades nacionales y su participación en nuevos mercados.

2. Trabajo, empleo y transición laboral. Atender y gestionar con inmediatez los impactos que ya se están manifestando en el mercado laboral y anticipar su aceleración conforme aumenten las capacidades de automatización. Identificar futuros cambios en tareas, ocupaciones y demanda de talento, desarrollando instrumentos concretos de transición, incluyendo formación acelerada, reconversión, incentivos para la capacitación y movilidad laboral, mecanismos de acompañamiento a personas y empresas y, cuando corresponda, fondos específicos para apoyar la transformación.

3. Educación, talento e investigación. Atender los efectos diferenciados de la inteligencia artificial por nivel educativo, disciplina y contexto, considerando cómo modifica el aprendizaje, la evaluación y las capacidades que necesitan desarrollar los estudiantes. Actualizar currículos y prácticas educativas, formar a docentes y estudiantes en su uso crítico y responsable, y garantizar acceso efectivo a modelos abiertos y cerrados. Fortalecer la investigación mediante acceso a datos, cómputo y cooperación científica, impulsando tanto el desarrollo de IA como su aplicación en distintas áreas del conocimiento.

4. Infraestructura, capacidad computacional y posición estratégica. Definir qué capacidades de energía, conectividad, datos y cómputo necesita Costa Rica, cuáles debe desarrollar o controlar y cuáles asegurar mediante alianzas. Evaluar centros de datos y modelos públicos, privados o cooperativos según su viabilidad y aporte al país, incluyendo servicios digitales y acceso a cómputo para educación, investigación y servicios públicos. Establecer condiciones sobre generación y abastecimiento eléctrico, agua, impactos territoriales y beneficios comunitarios, procurando encadenamientos productivos, sostenibilidad y una gestión explícita de las dependencias tecnológicas.

5. Gobernanza, instrumentos e institucionalidad para la ejecución. Si la tecnología amplía lo que es posible, la gobernanza define cómo convertir esas posibilidades en realidad. Esto implica actualizar leyes, reglamentos y procedimientos. Convertir las prioridades acordadas en decisiones ejecutables, identificando responsables, recursos, plazos y los cambios institucionales necesarios. Establecer reglas proporcionales al riesgo para el uso de IA, incluyendo protección de datos, ciberseguridad, transparencia y mecanismos de supervisión y reclamación ante decisiones que afecten derechos. Articular financiamiento, contratación pública, incentivos y acuerdos entre sectores para implementar las acciones, con seguimiento público de resultados y capacidad de ajustar los instrumentos conforme evoluciona la tecnología y sus efectos.

Estos cinco ámbitos no agotan la agenda. Otros asuntos podrán incorporarse mediante los espacios técnicos correspondientes, sin dispersar las prioridades ni retrasar decisiones.

El MICITT mantiene su rectoría sectorial y un papel técnico central en esta materia, pero la escala de la transformación exige además conducción política, económica y multisectorial al más alto nivel. Corresponde a la Presidencia de la República, como garante de la operatividad del Estado, articular y coordinar a las instituciones responsables de empleo, educación, producción, energía, infraestructura, regulación, inversión y demás ámbitos involucrados para convertir acuerdos en decisiones ejecutables.

La Comisión tendrá integración multisectorial, con participación del sector público, sector productivo, academia, organizaciones laborales, sociedad civil y representación de grupos y comunidades potencialmente afectados por las decisiones sobre IA, procurando diversidad territorial y social. La participación de sus integrantes podrá ser ad honorem. El proceso contará con una Secretaría Técnica designada por el Poder Ejecutivo, con capacidad operativa para organizar sesiones, sistematizar insumos, coordinar mesas especializadas y dar seguimiento a productos y plazos, sin constituirse en una nueva estructura permanente de ejecución.

Proponemos que en marzo de 2027 se presente un primer documento de acuerdos y acciones prioritarias, con decisiones que puedan comenzar a ejecutarse inmediatamente, y que en junio de 2027 se consolide el Acuerdo Nacional sobre Inteligencia Artificial para Costa Rica, con su hoja de ruta de implementación.

El resultado deberá identificar acciones, responsables, plazos y mecanismos de financiamiento cuando corresponda, y distinguir qué decisiones puede adoptar directamente el Poder Ejecutivo, cuáles requieren coordinación interinstitucional o reformas legales y cuáles dependen de acuerdos con otros sectores. El progreso deberá medirse por decisiones adoptadas, instrumentos puestos en marcha y resultados verificables, no por la cantidad de mesas, documentos o procesos creados. El seguimiento deberá apoyarse en indicadores públicos y en un mecanismo de revisión que permita ajustar prioridades conforme cambien la tecnología, la evidencia y los resultados de implementación.

Costa Rica cuenta con instituciones, talento y experiencia para construir una respuesta propia. El reto es articular esas capacidades alrededor de decisiones comunes, responsables, recursos y plazos.

No decidir también tiene consecuencias. Cada mes que el país posterga decisiones sobre empleo, educación, infraestructura, productividad, regulación y capacidad estatal reduce el margen para responder y aumenta el costo de hacerlo después. Las decisiones empresariales, tecnológicas y laborales que definirán parte de esa transformación ya están ocurriendo y no esperan los ciclos de decisión del Estado. El desafío para Costa Rica es evitar que la transformación ocurra alrededor del país antes de que el país haya decidido cómo quiere participar en ella. A esa urgencia se suma un entorno de ruido, expectativas y afirmaciones difíciles de contrastar que puede nublar la discusión y dificultar la toma de decisiones. En este caso, esperar a que se despejen por completo los nublados del día no es una opción. La respuesta nacional debe construirse sobre evidencia, conocimiento técnico, coordinación entre sectores y mecanismos que permitan verificar sus resultados.

Costa Rica ha tomado en otros momentos decisiones que marcaron generaciones y definieron su modelo de desarrollo. La inteligencia artificial plantea nuevamente una decisión de esa naturaleza, pero a una escala y velocidad que el país no ha enfrentado antes.

Lo que decidamos ahora influirá en nuestra competitividad, en las oportunidades de las personas y en la capacidad de Costa Rica para orientar su propio futuro. La transformación ya está en marcha. Nuestra respuesta también debe estarlo.

Es momento de construir ese Acuerdo Nacional sobre Inteligencia Artificial.

Fundación Costarricense de IA Responsable (FAIR)

Esta carta es propuesta por FAIR y queda abierta a la firma y adhesión de personas, organizaciones, empresas, universidades e instituciones que compartan esta solicitud.